Agualodo
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El monumental bochorno de la detección de firmas falsificadas deja una sombra de dudas sobre una expresión crucial de la democracia.
La voluntad libre de los ciudadanos de pertenecer a tal o cual partido, de afiliarse o mostrar su adhesión y la obligación ineludible de la autoridad de realizar un proceso serio y técnico de comprobación de la autenticidad de las firmas se rompió en 1 000 pedazos. La virginidad del Consejo Nacional Electoral, si es que existía, se perdió y, como se sabe, eso es imposible de restaurar.
Cuando el titular del organismo del sufragio llega a la Fiscalía con la denuncia, la sola constatación de que en el propio ente encargado de dar fe de la autenticidad de los registros se detectan irregularidades con las firmas falsas o sospechosas de 293 funcionarios se salpica todo el proceso.
El ridículo llega hasta el punto de que el presidente de la legislatura aparece en el Partido Socialista, un miembro del Consejo de la judicatura está en Equipo, al igual que un registro falso u homónimo del secretario jurídico de la Presidencia. El propio hermano del Presidente no aparece en el movimiento que fundó y el director de SUMA, consta en otra agrupación.
Si tamaño menjurje, que se va constando, es entera responsabilidad de la autoridad electoral o si además existe una consciente defraudación de los dirigentes de partidos o movimientos y de sus recolectores de firmas, ya se verá.
Por ahora, el apurado sistema impuesto para hacer la verificación de datos que no se hizo a tiempo no deja contento a nadie.
Los jóvenes contratados no tuvieron suficiente entrenamiento, los partidos revisados están llenos de dudas y la opinión pública se pregunta muchas cosas.
El titular del CNE, Domingo Paredes ha reiterado que las elecciones no se aplazan. El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, recordó que es ilegal suspender un proceso en marcha. Los políticos muestran sus sospechas.
Es curioso que haya varios partidos y movimientos con fichas de dudosa originalidad.
Desde el propio partido de Gobierno y muchos de la oposición tienen esta irregularidad.
Cabe preguntarse si los sistemas tecnológicos que estaban operativos presentaban fallas, ¿de quién es la responsabilidad de su perfecto funcionamiento?
¿Tenía el Consejo - su anterior titular dijo en su momento que así era- todos los dispositivos para detectar y frenar falsas firmas?
Si es que la recolección de firmas es fraudulenta, ¿ es deber del Consejo Electoral haberlo detectado a tiempo o se trata de negligencia y hasta una farsa montada por los partidos? Podría tratarse de una responsabilidad compartida y eso habrá de establecerse con rigurosidad.
Bastará saber quién se beneficia de todo esto que ensucia el agua con lodo y afecta la transparencia de una campaña que en su prefacio ya despierta suspicacias.
